El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, presentó este lunes, junto a intendentes, vecinos, y el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, la medida judicial de alcance federal contra el Gobierno Nacional, solicitando tarifas justas en busca del freno al aumento de tarifas en el servicio eléctrico, aplicado por el Gobierno.

La presentación fue elaborada y firmada el viernes pasado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), y en ella, los intendentes peronistas y el Defensor del Pueblo bonaerense, consideran que los nuevos aumentos vulneran el principio de tarifas justas y razonables, y los estándares establecidos por la Corte Suprema en el fallo CEPIS de 2016.

Allí, el Tribunal Supremo había dictaminado que las tarifas deben cumplir con el criterio rector de “gradualidad” y estar acordes a los niveles de ingreso de los ciudadanos.
“Las empresas como Edesur incrementan en forma permanente sus ingresos y nuestros vecinos no sólo sufren el ajuste sino también la falta de inversión y los servicios de mala calidad como puede verse en estos días en Almirante Brown”, indicó Mariano Cascallares, y añadió; “por eso necesitamos tarifas justas y un servicio digno para nuestra gente”.

Cabe recordar que el Poder Ejecutivo nacional autorizó este viernes a las distribuidoras eléctricas a trasladar a las y los usuarios del servicio eléctrico el incremento del costo de la electricidad en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

El Gobierno nacional, en el mes de enero de 2019 mediante la Resolución 366/2018 de la secretaría de Gobierno de Energía aplicó un incremento en el costo de la electricidad mayorista (MEM). Y hoy a través de la resolución del ENRE habilitó a las distribuidoras del servicio de electricidad Edenor y Edesur, a transferir ese aumento de la energía mayorista (MEM) a los usuarios.

Detalles del amparo

La presentación judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional –impugna las resoluciones de la secretaría de Gobierno de Energía y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad- señala además que “no se ha cumplido con el procedimiento de audiencia pública”, lo que va en contra del artículo 42 de la Constitución Nacional.

La medida solicita a los jueces de la Nación que “frenen los atropellos del Poder Ejecutivo y aseguren el derecho de los ciudadanos a una tarifa justa y razonable”. Además, requiere la suspensión de las Resoluciones de la secretaría de Energía y del ENRE y que “se abstengan de trasladar a las y los usuarios del servicio público de electricidad el nuevo cuadro tarifario aprobado por dichas normas, con inicio el 1 de febrero de 2019, hasta tanto se dicte sentencia de fondo”.

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