La mujer, de 33 años, murió el pasado 15 de agosto en su casa del barrio Terrazas de San Jorge, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, sur de Bogotá, tras recibír la cuarta sesión de un tatuaje en la espalda
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación medicamentosa combinada por la administración intravenosa de los tres fármacos.
La penalista Sharon Castillo analizó el dictamen de Medicina Legal, que atribuyó el deceso a una intoxicación intravenosa con fentanilo, ketamina y midazolam. Para Castillo, el informe descarta que el procedimiento de tatuaje haya sido la causa directa del deceso y concentra la investigación en la aplicación de medicamentos de uso controlado.
“Yenifer no murió por el tatuaje”, afirmó la penalista al referirse al resultado forense. Según expuso, el análisis jurídico debe centrarse en quién suministró las sustancias, bajo qué condiciones y con qué conocimiento del riesgo.
El dictamen atribuyó la muerte a una intoxicación intravenosa combinada
El reporte pericial estableció que el fentanilo, la ketamina y el midazolam comprometieron de forma irreversible las funciones respiratorias y cardiovasculares de García.
En el dictamen, desde Medicina Legal se calificó el caso como una muerte violenta en contexto de homicidio, una conclusión que no equivale por sí sola a una condena penal ni define aún la modalidad de responsabilidad de la persona investigada.
De acuerdo con la información conocida dentro de la investigación, la víctima mostró señales de dolor durante la sesión de tatuaje. Después, se contactó a un hombre que se habría presentado como enfermero para administrar analgésicos y anestésicos por vía intravenosa.
Las pesquisas señalan que el procedimiento tuvo un costo de $ 600.000 y se realizó en un entorno residencial.
El documento forense indicó que no hubo una valoración clínica previa, monitoreo permanente de signos vitales ni elementos para reanimación prehospitalaria. También advirtió que la aplicación ocurrió fuera de un lugar con condiciones asistenciales y sin los protocolos requeridos para responder ante una depresión respiratoria.
Castillo advirtió que uno de los elementos relevantes es que, según la información divulgada, quien suministró los medicamentos no era anestesiólogo. La penalista agregó que se investiga la posible realización de varias aplicaciones, un aspecto que puede resultar determinante para reconstruir la secuencia de los hechos.
La primera hipótesis planteada por la abogada es la de homicidio culposo. Esa figura puede configurarse si la persona no buscaba causar la muerte, pero desatendió el deber objetivo de cuidado exigible al administrar sustancias con efectos anestésicos y analgésicos, por vía intravenosa y sin los controles médicos adecuados.
“Un homicidio culposo no significa simplemente que fue un accidente. Significa que alguien causó una muerte porque incumplió el cuidado que debía tener”, expuso Castillo.
La Fiscalía debe definir la imputación y establecer eventuales responsabilidades adicionales
La investigación también deberá precisar el papel del tatuador y de las demás personas que estaban en la vivienda. Castillo planteó que corresponde establecer si existió alguna responsabilidad adicional, según el grado de intervención de cada uno, el conocimiento que hubieran tenido sobre la administración de los medicamentos y las decisiones que tomaron frente al estado de salud de la víctima.
Fuente: Infobae Colombia.