La defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó un nuevo recurso judicial para intentar frenar el decomiso de sus bienes en el marco de la causa Vialidad
La medida llegó un día después de que la Corte Suprema rechazara los planteos de nulidad y dejara firme la actualización del monto que deberán afrontar los condenados, fijado en $684.990 millones.
La ex presidenta interpuso un recurso de queja para impedir que avance la ejecución de la sentencia y el eventual remate de los bienes alcanzados por el fallo. El mismo camino tomó el empresario Lázaro Báez, también condenado en la causa.
Con la decisión de la Corte, quedó firme la actualización del decomiso dispuesto por el Tribunal Oral Federal N.º 2. El monto original, cercano a $85.000 millones, fue recalculado y ahora supera los $684.000 millones, cifra que la Justicia considera el perjuicio económico ocasionado al Estado.
La discusión judicial ahora se centra en la etapa de ejecución patrimonial. Entre los bienes que podrían quedar alcanzados figuran propiedades de Cristina Kirchner en la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz, además de hoteles y otros activos vinculados a las empresas de la familia que forman parte de los expedientes.
En paralelo, el abogado Carlos Beraldi, defensor de la ex mandataria, pidió que Máximo y Florencia Kirchner, queden fuera del proceso de decomiso. La defensa sostiene que no existen pruebas que vinculen los bienes de ambos con los hechos investigados en la causa.
La causa Vialidad es uno de los expedientes por corrupción más importantes de los últimos años en la Argentina. En diciembre de 2022, Cristina Kirchner fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por irregularidades en la adjudicación de 51 contratos de obra pública en Santa Cruz. Esa sentencia fue confirmada por instancias superiores y quedó firme tras la decisión de la Corte Suprema.
La causa también mantiene un fuerte impacto político. Cristina Kirchner insiste en denunciar una persecución judicial, mientras que desde el oficialismo consideran que la confirmación de la condena representa un paso importante en la lucha contra la corrupción. En ese contexto, la disputa por el patrimonio de la expresidenta se convirtió en la nueva etapa de un proceso judicial que lleva más de una década.
