La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes, por mayoría, las condiciones bajo las cuales Cristina Kirchner cumple su condena en prisión domiciliaria. La decisión mantuvo la tobillera electrónica, el régimen restringido de visitas y los límites para acceder a la terraza del edificio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.
El fallo fue dictado por la Sala IV, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. El voto que condujo la mayoría correspondió a Hornos y recibió la adhesión, en lo sustancial, de Barroetaveña. Borinsky se pronunció en disidencia y propuso levantar las tres medidas.
La ex presidenta cumple desde el 17 de junio de 2025 una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la causa Vialidad. La condena quedó firme una semana antes, cuando la Corte Suprema desestimó el último recurso de su defensa.
Sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, habían solicitado una revisión de las condiciones de detención. Plantearon que durante casi un año no hubo incumplimientos, que el inmueble cuenta con custodia policial permanente y que las restricciones impuestas tienen una aplicación minoritaria entre las personas que cumplen prisión domiciliaria.
El pedido incluía tres puntos: eliminar la autorización judicial previa para las visitas, retirar el dispositivo electrónico y dejar sin efecto los límites horarios para utilizar la terraza.
Cuando el Tribunal Oral Federal 2 concedió la prisión domiciliaria, impuso a Cristina Kirchner la obligación de permanecer en el departamento, evitar conductas que alteraran la tranquilidad del edificio y pedir autorización para recibir a personas ajenas a su familia, la custodia, el equipo médico y la defensa.
Ese régimen se volvió más estricto en noviembre de 2025. El tribunal tomó conocimiento, por una publicación de la propia ex mandataria en la red social X, de una reunión de nueve personas en su domicilio. Aunque todas figuraban en una nómina presentada por sus abogados, el juez de ejecución interpretó que el permiso no incluía un encuentro colectivo.
A partir de entonces, las visitas de terceros quedaron limitadas a tres personas por ocasión, durante un máximo de dos horas y hasta dos veces por semana. Cada ingreso requiere autorización judicial individual, expresa y previa.
La tobillera electrónica
Hornos ubicó el uso del dispositivo electrónico dentro de las previsiones de la Ley 24.660. La norma lo establece como regla para la prisión domiciliaria y permite dispensarlo, de manera excepcional, cuando existen informes favorables de los organismos de control.
En este expediente no se acreditaron impedimentos médicos, técnicos o materiales para retirarlo. El camarista tampoco vinculó la falta de incidentes con la inutilidad de la medida. A su entender, ese dato demuestra que el sistema cumple su función preventiva.
Otro de los argumentos de la defensa fue la existencia de una custodia permanente por tratarse de una ex presidenta. Hornos diferenció ambas funciones, en tanto “la custodia protege mientras que la tobillera electrónica asegura el debido cumplimiento de la modalidad de cumplimiento de la pena correspondiente”.
De acuerdo a su explicación, la protección policial tiene como objetivo resguardar la integridad física de Cristina Kirchner y su familia. El monitoreo, en cambio, verifica que permanezca dentro del perímetro autorizado y comunica en tiempo real cualquier salida o intento de remoción.
Para el juez sustituir un mecanismo por otro implicaría confundir una medida de seguridad institucional con una herramienta de control penal.
El voto recordó, además, que la Corte Suprema ya había desestimado en diciembre de 2025 un recurso dirigido contra la colocación de la tobillera. Los argumentos posteriores sobre el tiempo transcurrido, la custodia policial y las estadísticas de uso no modificaron, para Hornos, la situación.
El acceso a la terraza
La ex presidenta tiene permitido utilizar la terraza una vez al día, entre las 6 y las 20, durante un máximo de dos horas.
Hornos consideró que esa autorización garantiza el acceso a un espacio abierto para realizar actividad física y recreativa, conforme a las Reglas Mandela sobre el tratamiento de las personas privadas de libertad.
Al mismo tiempo, explicó que ese derecho puede ser regulado por el tribunal. Los límites buscan compatibilizar el esparcimiento con la convivencia entre los vecinos y el carácter común del espacio.
Para la mayoría de la Sala IV, la franja horaria y la duración fijadas son proporcionales porque permiten un uso diario sin suprimir el derecho reconocido.
El planteo de igualdad
Beraldi y Llernovoy incorporaron datos del Consejo de la Magistratura para mostrar que las restricciones aplicadas en este caso no son habituales dentro del universo de las prisiones domiciliarias.
Hornos rechazó que esas cifras demostraran un trato desigual. Explicó que la igualdad ante la ley no exige condiciones idénticas para todos los condenados, sino decisiones fundadas en las circunstancias de cada expediente y libres de privilegios o diferencias arbitrarias.
A su juicio, las reglas vigentes responden a una evaluación individual y no configuran persecución ni discriminación. El control busca, según su voto, impedir que la prisión domiciliaria se convierta en una ventaja incompatible con la ejecución efectiva de la pena.
Barroetaveña adhirió a esos fundamentos y completó la mayoría que rechazó el recurso.
La custodia y el riesgo de fuga
En cuanto al monitoreo electrónico, Borinsky valoró que Cristina Kirchner es una persona conocida públicamente, permaneció a derecho y posee custodia de la Policía Federal Argentina durante las 24 horas.
A diferencia de la mayoría, entendió que esa vigilancia neutraliza cualquier peligro de fuga. Una salida no autorizada, añadió, sería detectada de inmediato y tendría repercusión pública.
“La función de agentes policiales de custodia es a la vez un factor que evita el peligro de fuga y lo neutraliza, tornando innecesario y superfluo la tobillera electrónica en este caso”, escribió.
Luego añadió: “La presencia permanente de miembros de la Policía Federal Argentina (P.F.A.) en el domicilio sito en San José 1111, piso 2do, departamento “d”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria -sitio puntualmente ofrecido por la defensa, aceptado por el tribunal y convalidado, de momento, por esta instancia superior-, resulta una circunstancia dirimente para el análisis del caso bajo examen.“.
El juez incorporó también los datos del Consejo de la Magistratura: solo el 23,96% de las personas bajo prisión domiciliaria sobre las que había información utilizaba un dispositivo electrónico. A ello agregó los controles trimestrales, que registraron una conducta colaborativa, ausencia de alertas, permanencia en el domicilio y falta de reclamos de vecinos.
Para Borinsky, ese cuadro habilitaba la excepción prevista por la ley y mostraba que la continuidad del dispositivo no contaba con una justificación suficiente.
La terraza
El voto minoritario también objetó los límites de acceso a la terraza.
En septiembre de 2025, el tribunal había autorizado el uso del espacio sin restricciones, por razones de salud y esparcimiento. Tres meses después lo redujo a dos horas diarias, entre las 6 y las 20.
El camarista Borinsky no encontró una explicación concreta sobre la forma en que el acceso sin límites podía afectar la seguridad de la ex presidenta o el cumplimiento de la condena. También recordó que la prohibición de perturbar a los vecinos ya figuraba entre las reglas de conducta fijadas y que no hubo incidentes relacionados con la convivencia.
El magistrado tuvo en cuenta, además, los problemas de salud atravesados por la ex mandataria y los beneficios del contacto con el aire libre. La mención a la tranquilidad del consorcio, concluyó, no bastaba para sostener la limitación.
Con esos argumentos, propuso revocar la resolución del Tribunal Oral Federal 2. La mayoría integrada por Hornos y Barroetaveña mantuvo las condiciones de la prisión domiciliaria.
