La Cámara de Diputados bonaerense -con la firma de todas las autoridades y los titulares de los bloques- calificó de “inadmisible” una denuncia de un juez penal que acusa -a los responsables del cuerpo- por presunto ocultamiento en la investigación del caso de Julio “Chocolate” Rigau
En un comunicado que se difundió luego de la sesión de este martes, el cuerpo legislativo advirtió que “considera especialmente relevante preservar las garantías constitucionales que rigen el funcionamiento del Poder Legislativo”. Y los responsables de la cámara agregaron que “resulta inadmisible que se pretenda perseguir penalmente a legisladores por los votos emitidos en ejercicio de sus funciones”.
Aclararon que el artículo 96 de la Constitución de la provincia establece la “protección constitucional de las opiniones y votos de los integrantes de ambas Cámaras en el ejercicio de sus cargos”.
Toda esta controversia institucional es una derivación de las novedades que trascendieron del escándalo de “Chocolate”, el puntero político de La Plata que fue detenido mientras recaudaba plata de 43 tarjetas de débito de supuestos “ñoquis” de la Legislatura.
La semana pasada trascendió que Diputados archivó los pedidos que hizo la fiscal Betina Lacki, para conocer la “trazabilidad” de las contrataciones de esos agentes que dejaban que Rigau les cobrara el sueldo.
Como consecuencia de esa determinación, el juez de Garantías, Guillermo Atencio, quien supervisa el proceso, denunció a “todas las autoridades de Diputados” para que se determine si esa decisión (archivar los pedidos de la fiscal) no constituye un delito de “entorpecimiento de la Justicia”. La presentación ingresó a la fiscalía 11 de La Plata, a cargo de Álvaro Garganta, según pudo confirmar Clarín.
Según aclararon los diputados en el comunicado -firmado por el presidente de la Cámara, Alejandro Dichiara, el vicepresidente primero Alexis Guerrera, los vices Agustín Forchieri (PRO), Agustín Romo (LLA); Mariano Cascallares (UP); Blanca Alessi (UYL) y Matías Civale (UCR-Cambio Federal)- la decisión que determinó la denuncia de Atencio “no correspondía, según la documentación considerada por la HCD, a la causa Julio Rigau”. Se trata -explicaron- de un proceso por “hurto” contra María Eugenia Rodríguez. Por eso, dicen, “se trata de actuaciones que deben ser analizadas de manera diferenciada y de acuerdo con su correspondiente expediente judicial”.
Argumentan que cuando entró el pedido de la fiscal (el 19 de agosto) esos casos ya hacía tres meses que se habían archivado (en la sesión del 28 de mayo, junto a otras 7.800 resoluciones administrativas). “De ningún modo se incurrió en un ocultamiento de pruebas porque dicho requerimiento todavía no existía y porque además la decisión fue pública, votada en sesión, transmitida en vivo y cuyo registro permanece en la HCD a disposición de quien quiera verlo”, aseguran los diputados.
Además, sostienen los legisladores (firmaron los presidentes de bloques excepto Hechos, de Manuel Passaglia, y la izquierda), la documentación que pidió Lacki en el caso “Chocolate” fue enviada: “la HCD aportó información requerida por la Justicia”, por eso “dicha investigación avanzó” y ya fue elevada a juicio oral. También tiene tres imputados con prisión domiciliaria: Rigau, Claudio Albini (exdirector de personal de la Legislatura) y su hijo Facundo, quien fue elegido concejal en 2023, pero no pudo asumir por este escándalo.
Sin embargo, en Tribunales explicaron que el expediente judicial de Rodríguez es un desprendimiento de la causa Chocolate (tiene la extensión “01” en el número de IPP). E insisten en que “la fiscal pidió cinco veces que le dieran los nombres de quienes firmaron los nombramientos y nunca lo informaron”.
Cuando desde el fuero penal trascendió que se habían archivado los pedidos de la fiscal, hubo malestar entre los magistrados que iniciaron esta causa en septiembre de 2023, cuando detuvieron a Rigau en un box del Bapro, en pleno centro de La Plata.
La reacción fue el escrito que presentó Atencio. Sospechaba que esta decisión implicó un “ocultamiento de pruebas” y sugiere que se trató de un “entorpecimiento” en el proceso de investigación. Y que se debía habilitar un nuevo caso para establecer responsabilidades o autorías en ese nuevo delito derivado de la causa principal.
El cruce entre las instituciones pone en tensión las relaciones políticas con bifurcaciones en el parlamento provincial. Lacki intenta llevar las responsabilidades a un escalón más alto que el que pisan Rigau y los Albini. En las primeras estimaciones se evaluaba que el desfalco para las arcas públicas por el mecanismo de recaudación de “Chocolate” podría alcanzar a los $ 2.400 millones solo en los meses en que se pudo comprobar la extracción de dinero de esas casi 50 cuentas sueldo.
Sobre la intervención del puntero que trabajó para distintos sectores del PJ platense y sobre Claudio y Facundo Albini, se conocen casi todos sus recorridos y sus activos. Pero la cadena de responsabilidades -de acuerdo con lo que pudo establecerse en los expedientes- termina allí.
Este martes se concretó la quinta sesión ordinaria en Diputados. Se aprobaron cuatro proyectos relacionados con la protección de los endeudados bonaerenses. Tuvo el apoyo parcial y crítico del PRO, la UCR y la CC, y el rechazo total de los libertarios.
Mientras se debatían estos y otros temas, se emitió la respuesta a la Justicia: coincidieron en que siempre que hubo una denuncia en la Legislatura, la Justicia pudo actuar sin interferencias.
