El Gobierno nacional dispuso la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, que había sido creado durante la administración de Alberto Fernández, y destinaba al distrito un porcentaje de recursos coparticipables adicionales que la ciudad de Buenos Aires recibía por el traspaso de la Policía Federal.
La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante el decreto 192/2024, se justificó debido que aquella decisión adoptada durante la pandemia “afectó los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios para el ordenamiento de las cuentas públicas”.
En los considerandos, el Ejecutivo advierte que “ningún Gobierno nacional ha recibido una herencia institucional, económica y social tan crítica como la que recibió la actual administración, por lo que es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece, especialmente como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas”.
En ese marco, añade que “entre otras medidas y con el fin de solucionar la enorme cantidad de problemas derivados de la herencia que la administración saliente dejó a todos los argentinos, es necesario efectuar un ajuste fiscal en el Sector Público Nacional de cinco puntos del PBI y, al mismo tiempo, resolver la situación de los pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina, los que son responsables de los diez puntos de su déficit”.
“En consecuencia, no hay solución alternativa a un urgente ajuste fiscal que ordene las cuentas públicas, siendo ello una condición indispensable para la estabilización macroeconómica que requiere nuestro país”, remarca.
Asimismo, el decreto afirma que “la situación fiscal de las provincias y de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires ha sido menos restrictiva a costa de las transferencias discrecionales que ha realizado el Gobierno Nacional”.
“En tal sentido, el mencionado Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, afectó los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado nacional de recursos necesarios para el ordenamiento de las cuentas públicas, por lo que resulta necesario derogar el artículo 4° del decreto N° 735 del 9 de septiembre de 2020”, concluye la normativa, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Semanas atrás, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, elevó un reclamo formal al ministro Caputo por el retraso en el envío de fondos a la provincia que superan los 15.000 millones de pesos y solicitó rediscutir una nueva ley de coparticipación, al sostener que “la provincia es discriminada y castigada desde hace décadas en el reparto de recursos”.
En otro decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno anunció la modificación del Impuesto PAIS, creado en 2020 por Alberto Fernández.
Con los cambios dispuestos por Javier Milei, sólo se girará un 1% al FISU y un 94% para obras de infraestructura económica. El fomento al turismo continuará con el mismo 5% del producido.
En términos matemáticos, esto significa que del 9% del total del producido por el Impuesto País que percibían los movimientos sociales, ahora recibirán un porcentaje testimonial de apenas 0,3 por ciento.
El decreto 193/2024 firmado por Milei, su jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, ordenó modificar la asignación de fondos correspondientes al 30% de lo recaudado por el mencionado tributo, de manera tal que el más afectado resultó el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), la herramienta fiduciaria utilizada por el gobierno de Unión por la Patria para la urbanización de barrios populares.
De este modo, el FISU, que hasta ahora recibía la tercera parte de ese 30%, ahora verá reducido su financiamiento al mínimo y sólo recibirá un 1%.
“La asignación específica del treinta por ciento (30 %) establecida en el inciso b) del artículo 42 de la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y sus modificaciones será distribuida de la siguiente manera:
a. Al FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA (FISU), creado por el decreto N° 819 del 5 de diciembre de 2019 en el marco de la Ley N° 27.453 de Régimen de Regulación Dominial para la Integración Socio Urbana y sus modificatorias, para el financiamiento de obras de vivienda social: el uno por ciento (1 %).
b. A obras de infraestructura económica: el noventa y cuatro por ciento (94 %).
c. Al fomento del turismo nacional: el cinco por ciento (5 %)”.
Las organizaciones Techo Argentina, Hábitat para la Humanidad, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), reclamaron días atrás, antes de la publicación del decreto que reduce los fondos para el FISU a su mínima expresión, la continuidad de las políticas de integración sociourbana de barrios populares, y plantearon que “es fundamental sostener e incluso ampliar” el financiamiento de esos programas porque, “de lo contrario, solo se agravará la situación de un amplio sector de la población que vive en condiciones de alta vulnerabilidad”.
Así lo expresaron a través de un comunicado de prensa conjunto en el que destacaron además el “amplio consenso” que esta política de Estado tiene en todo el arco político, tras recordar que fue una iniciativa surgida durante la gestión presidencial de Mauricio Macri a la que luego se le dio continuidad y se profundizó durante el Gobierno de Alberto Fernández.
“El Fondo para la Integración Socio Urbana es la fuente de financiamiento de una política de Estado que trascendió a dos gestiones, tuvo amplio consenso en el Congreso de la Nación para su creación a través de la Ley 27.453 y ha tenido reconocimientos de organismos locales e internacionales. Su desfinanciamiento pone en riesgo el desarrollo de políticas públicas destinadas a más de 5 millones personas en el país”, advirtieron las cuatro organizaciones de la sociedad civil en un comunicado difundido en las últimas horas, cuando ya se sabía que el Gobierno iba a apuntar contra esos recursos.
En este sentido, plantearon que “es fundamental sostener e incluso ampliar el financiamiento de estas políticas públicas” y señalaron que, “de lo contrario, sólo se agravará la situación de un amplio sector de la población que vive en condiciones de alta vulnerabilidad”.
De esta forma, hicieron referencia a la decisión del Gobierno de eliminar fondos fiduciarios por US$ 2.000 millones con el objetivo de avanzar “contra todas las cajas de la política”.
“Desde hace siete años existe una política de Estado dirigida a mejorar las condiciones de vida de las millones de personas que viven en los barrios populares. Fue impulsada por organizaciones sociales, adoptada por las gestiones del presidente Mauricio Macri y del presidente Alberto Fernández y tuvo siempre un amplio consenso de gran parte del arco de partidos políticos. Con ACIJ, Techo y Hábitat para la Humanidad Argentina planteamos que esta política de integración socio urbana debe sostenerse”, afirmaron Techo Argentina, Hábitat para la Humanidad, el CELS y ACIJ.
En este sentido, recordaron que, en 2016, durante la gestión Macri, un grupo de organizaciones sociales, civiles y eclesiásticas realizaron “el primer relevamiento de barrios populares de la Argentina que posteriormente obtuvo el nombre de Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap)”.
Ese registro -agregaron- fue actualizado en el 2022 y el 2023 con cifras que indican la existencia de al menos 6.467 villas y asentamientos en todo el país en las que viven unas 5 millones de personas.
En 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, el Congreso Nacional respaldó este proceso a través de la aprobación por unanimidad de la ley 27.453 que creó el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, que tiene como objetivo “garantizar los derechos de las personas que viven en los barrios incluidos en el Renabap”
Esa ley oficializó “el registro de barrios populares y los declara de utilidad pública y sujetos a expropiación y dispone de un fideicomiso para financiar todas las actividades necesarias para llevar a cabo la integración socio urbana”.
Con información de agencias.
